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En atención a la presencia de polimetales en Quintero y Puchuncaví, la diputada Andrea Molina solicitó al Ejecutivo, mediante un proyecto de resolución, un completo programa de intervención para la zona, que contenga la obligatoriedad de aplicar medidas de mitigación y remediación proyectadas en el tiempo, para mejorar las áreas de salud, vivienda, educación y medio ambiente, afectadas por la contaminación de materiales pesados.

“Necesitamos asegurar en Quintero y Puchuncaví una ley de Polimetales al igual que la que se promulgó en Arica el año 2012, ya que cada vez que se produce un cambio de gobierno, las medidas parche que se aplican en la zona quedan en nada. Debemos generar un mecanismo que permita darle continuidad a la intervención que se quiera realizar en estas comunas afectadas por las grandes empresas contaminantes emplazadas allí, mediante una ley ejecutable en el tiempo, que señale las directrices e iniciativas que deberán impulsar los diversos ministerios y servicios públicos, para que se reduzca el riesgo a la salud y mejore de la calidad de vida de los habitantes”, puntualizó la parlamentaria.

Agregó además que a la fecha, el Estado no ha resguardado los derechos de la comunidad ni su seguridad, no ha realizado políticas eficaces de descontaminación, ni ha logrado un acceso al sistema de salud acorde con la situación de los habitantes. Por el contrario, la legisladora sentenció, que se ha incrementado la cantidad de empresas contaminantes a pesar de la declaración de zona saturada realizada el año 1993 e incluso se ha permitido la expansión de las empresas en infraestructura y productividad.

“Existe una deuda histórica con estas comunas que aportan a la matriz energética y a la economía nacional, y no obstante ello, su población se va enfermando de cáncer y otros padecimientos provocados directa o indirectamente por la presencia de polimetales y distintas sustancias tóxicas emanadas de la actividad industrial”, enfatizó.

En ese sentido, Pablo Bernal, representante del Comité de Defensa por La Greda de Puchuncaví, fue enfático en señalar que este Gobierno no ha considerado el daño que los polimetales causan a las personas, en circunstancias en que hay estudios tanto del ISP, como del mismo servicio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente, que avalan esta realidad.

“Nos apoyamos en estudios como el del IFOP que recientemente arrojó altos niveles de arsénico en las jaibas, y entre otros, en el que realizó el ISP el año 2010 donde se dan a conocer los índices de metales pesados en niños y en población adulta sobre 15 años. Además, existe la parte vivencial en la zona, que nos muestra que hay mucha gente que hoy esta sufriendo un deterioro importante de la salud producto de todos los contaminantes que nosotros tenemos no solo por polimetales sino que también por gases tóxicos que emanan las empresas de la zona”, puntualizó.

Finalmente, Nielz Cortés, socio de la Asociación para la Recuperación de Quintero y Puchuncaví, hizo un llamado al Ejecutivo a acoger esta iniciativa legal impulsada por la diputada Andrea Molina.

“Nos complica que el PREMVAL, que hoy está aprobado, amplia en 550 hectáreas más el área de empresas con calificación ambiental denominadas como peligrosas que se van a emplazar en la zona. Con esto y sin una ley adecuada que nos resguarde, vemos cada día más lejana la posibilidad de recuperar ambientalmente nuestro territorio. Es por ello, que pedimos que la ley de polimetales se acoja y venga a subsanar esta contaminación e incorporar nuevos recursos para que nuestra gente no se siga muriendo. Esto no es un clamor técnico ambiental sino que un tema de supervivencia de las personas“, concluyó.